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No favorece al país

Legisladores buscan frenar acuerdo militar de Peña con Estados Unidos por privilegios penales y riesgos a la soberanía

El Frente Guasu pidió al Congreso rechazar el acuerdo SOFA firmado por el Ejecutivo, al considerar que viola la Constitución y limita la jurisdicción nacional.

El acuerdo militar impulsado por el gobierno de Santiago Peña con Estados Unidos comenzó a encontrar resistencia formal en el Congreso Nacional. Legisladores del Frente Guasu solicitaron este lunes que el Parlamento rechace el convenio por considerarlo inconstitucional y contrario a la soberanía paraguaya.

La delegación, encabezada por el senador y presidente del partido, Sixto Pereira, se reunió con el titular del Congreso, Basilio Núñez, para presentar un pedido formal de rechazo al Acuerdo sobre el Estado de las Fuerzas (SOFA), firmado el 15 de diciembre en Washington y ya ingresado a la Cámara Alta.

El convenio establece, entre otros puntos, que personal militar y civil estadounidense en Paraguay quede bajo jurisdicción penal de su país de origen. Para los detractores, esto implica que esas personas quedarían fuera del alcance de la Justicia paraguaya, lo que choca con principios constitucionales básicos.

“Es una violación a nuestra soberanía y a nuestra Constitución Nacional”, afirmó Pereira tras el encuentro. El legislador sostuvo que el acuerdo vulnera la autodeterminación del país y recordó que requiere aprobación del Congreso para entrar en vigencia.

Desde el Ejecutivo, el canciller Rubén Ramírez defendió la firma del SOFA y señaló que permitiría fortalecer la cooperación bilateral en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico. Esa explicación fue rechazada por el Frente Guasu, que cuestiona el trasfondo del entendimiento.

Pereira calificó ese argumento como una “coartada” recurrente de Estados Unidos para intervenir en otros países y apuntó a intereses económicos vinculados a recursos naturales y energéticos paraguayos.

Según informó el legislador, Núñez se comprometió a convocar a una audiencia pública sobre el acuerdo una vez finalizado el receso parlamentario, previsto hasta marzo.

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