“El proyecto de ley que se quiere usar como base para la reforma de la Caja Parlamentaria para este jueves es realmente una bazofia, es un adefesio, esa es la realidad”, afirmó el diputado Raúl Benítez (independiente). El legislador advirtió que la propuesta pretende incorporar a 3.436 funcionarios permanentes del Congreso a la Caja Parlamentaria, sin estudios actuariales ni cálculo de impacto financiero.

Del total, 799 funcionarios corresponden al Congreso, 983 al Senado y 1.654 a Diputados. La Caja recibe este año unos G. 4.500 millones de fondos públicos y, según cálculos extraoficiales, podría pasar a administrar cerca de G. 66.027 millones anuales.

“Lo que se va a probar en serio este jueves así como está redactado hoy, es realmente un soco en la cara de los ciudadanos”, sostuvo Benítez.

El proyecto no elimina privilegios históricos: mantiene jubilaciones con 10 a 15 años de aporte y desde los 55 años, y pensiones hereditarias de por vida. A los legisladores se les descontará el 24 por ciento de una dieta de G. 37.900.000, mientras que a docentes se les plantea un descuento del 24,5 por ciento sobre ingresos mucho menores.

Las futuras pensiones oscilarán entre G. 18.950.000 y G. 26.530.000, en un país donde el 70 por ciento de la población no accede a jubilación.

Dentro del propio oficialismo hay fisuras. El diputado Hugo Meza alegó que eliminar la Caja sería más caro, mientras Soroka planteó “cortar” incluso con jubilados que ya recuperaron sus aportes.

Desde la oposición, Adrián “Billy” Vaesken (PLRA) alertó que la reforma exprés es una maniobra para avanzar luego sobre la Caja Fiscal y, más adelante, sobre el IPS. “Los oficialistas actúan como famosos letraditos, ellos quieren marear y confundirle a la ciudadanía”, afirmó, al cuestionar el apuro y la falta de debate técnico.