La licitación corresponde al servicio de lavado con provisión de sábanas y fue cuestionada por presentar precios inflados de hasta 90 por ciento en comparación con adquisiciones realizadas meses antes por el Ministerio de Salud Pública (MSP) para el mismo producto.

Los documentos que sustentan esa diferencia están publicados en la propia página oficial de la DNCP.

Sin embargo, Encina desacreditó esa documentación en una entrevista televisiva y defendió el proceso como si no existieran inconsistencias.

El funcionario, cuya función es velar por la transparencia en las compras estatales, ignoró el dictamen sobre el precio referencial elaborado con empresas vinculadas al grupo Pettengill, así como los contratos y los pliegos de bases y condiciones tanto del MSP como del IPS.

Lejos de despejar dudas, la argumentación fue calificada como bochornosa por sectores que siguen el caso. La DNCP, en vez de ejercer un control estricto, terminó validando una operación millonaria que muestra diferencias casi al doble respecto a antecedentes recientes en el sector salud.

La adjudicación alcanza un monto máximo de G. 160.000 millones, unos 23 millones de dólares, y se convirtió en un nuevo foco de cuestionamientos sobre el manejo de las contrataciones públicas en la administración de Peña.