¡A dar explicaciones!: el titular del IPS fue citado para justificar los contratos millonarios con sobreprecios
La Comisión Permanente del Congreso, presidida por el senador Colym Soroka (ANR), convocó para este martes al titular del IPS, Jorge Brítez, a fin de que responda por una serie de cuestionamientos que golpean de lleno a su gestión y, por extensión, al Gobierno de Santiago Peña.
El llamado surge tras notas presentadas el 29 de enero por la diputada Rocío Vallejo (PPQ) y el 16 de febrero por legisladores de la oposición. El eje es claro: explicar con documentos y números decisiones administrativas que hoy generan sospechas de sobrecostos y riesgos innecesarios.
Uno de los puntos más sensibles es el contrato de servicio integral de lavandería por G. 160.000.000.000 en 48 meses. Los diputados piden detallar cómo se calculó ese monto, cuántas camas fueron consideradas, la rotación diaria estimada y el costo unitario por cama.
También exigen saber si se comparó el modelo tercerizado con la infraestructura propia del IPS, que en 2024 adjudicó insumos textiles por G. 3.657.000.000.
Si no hubo estudio técnico y económico, reclaman el fundamento que justificó la cifra global y si el esquema representa ahorro o sobrecosto, indicando el porcentaje correspondiente. En un contexto de crisis institucional, el silencio ya no es opción.
Las consultas se extienden al mantenimiento de angiógrafos y al abastecimiento de medicamentos, pero el foco más delicado está en el manejo del Fondo de Jubilaciones. Los legisladores cuestionan la eliminación del requisito de patrimonio efectivo mínimo para bancos receptores de fondos y piden explicar qué indicador lo sustituyó.
También solicitan detalles sobre la exposición en Ueno Bank: monto total invertido, porcentaje sobre el fondo general y sobre el patrimonio neto de la entidad, distribución por riesgo, plazos y vencimientos. Incluso plantean un escenario contrafáctico para medir cuánto se habría podido colocar si seguía vigente el filtro anterior.
El trasfondo es político y financiero. Las decisiones adoptadas por el IPS ahora exigen explicaciones técnicas sólidas. De no existir, la sospecha de sobreprecios y de exposición excesiva a riesgo no solo compromete a la administración previsional, sino que salpica al presidente Peña, quien deberá asumir el costo político de un manejo que hoy está bajo escrutinio público.
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