El pago se dio luego de un acuerdo extrajudicial entre el IPS y el Consorcio Hotelero Sudamericano SA, en el marco de un juicio de ejecución de sentencia.

Según el propio González, el dinero ingresó primero a cuentas de la previsional y luego fue transferido a su favor, lo que revela una triangulación financiera que ahora será objeto de un control más estricto.

Un extracto del Banco Itaú del 2 de agosto de 2024 confirma que la empresa abonó G. 7.912.500.000 al IPS, suma que incluía honorarios más IVA. La Resolución Nro. 054-034/2024 aprobó aceptar G. 7.500 millones —de una deuda original de G. 10.781 millones— con una quita de G. 3.281 millones y honorarios del 5 por ciento para los abogados.

Sin embargo, el documento no precisa el mecanismo legal para que la institución actúe como intermediaria en el pago a sus propios funcionarios.

La situación se torna más delicada porque González había señalado inicialmente que el Consorcio le transfirió directamente el dinero. Días después reconoció que el monto pasó primero por el IPS.

Además, emitió su factura personal el 14 de agosto de 2024 a nombre de la empresa, pese a haber recibido la transferencia desde la previsional.

En su declaración jurada presentada el 26 de febrero de 2025, consignó el ingreso como exclusivo suyo. Luego afirmó que repartió la suma con otros tres abogados, aunque sin detallar cómo ni en qué proporción. Tampoco hubo respuesta de la gerencia financiera del IPS sobre el procedimiento aplicado.

La gestión de la previsional, ya cuestionada en el entorno del gobierno de Santiago Peña, vuelve a quedar salpicada por sospechas que exigen explicaciones claras y documentadas.