Resoluciones del Consejo de Administración revelan que entre 2024 y 2025 se concretaron millonarios acuerdos extrajudiciales con proveedores por servicios fuera de la vigencia contractual.

Estos pagos fueron recomendados mediante dictámenes firmados por el director jurídico, José González Maldonado, y la jefa de Dictámenes y Contratos, Jorgelina Gómez, quienes sugerían utilizar el rubro 915 para viabilizar los desembolsos.

El salto presupuestario resulta llamativo. Entre septiembre y diciembre de 2023, tras la asunción de la nueva gestión, el IPS ejecutó G. 13.518 millones, cuatro veces más que en todo 2022.

En 2024 el monto trepó a G. 120.431 millones, coincidiendo con el periodo de mayor cantidad de acuerdos formalizados. En 2025 se registraron G. 43.708 millones, menos que el año anterior, pero tres veces más que en 2023.

A este escenario se suma el crecimiento patrimonial de González, que aumentó 215 por ciento en 15 meses: pasó de G. 276 millones en septiembre de 2023 a G. 870 millones en febrero de 2025.

Entre las justificaciones figura el cobro de G. 412.500.000 en honorarios derivados de un acuerdo extrajudicial. Su caso es investigado por la Contraloría General de la República y la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios.

Mientras tanto, el Gobierno de Santiago Peña observa cómo se consolidan prácticas que, lejos de transparentar la gestión, profundizan las dudas sobre el manejo de fondos públicos en una institución clave para miles de asegurados.