Sin embargo, dentro de la propia comisión no hay consenso. El senador liberal Líder Amarilla advirtió que aún persisten diferencias con los gremios y que varios puntos del texto aprobado en Diputados siguen generando rechazo.

El legislador calificó esa versión como “lapidaria”, ya que —según explicó— obliga al trabajador público a aportar más y a extender los años de servicio para alcanzar la jubilación.

Amarilla insistió en que la jubilación no puede presentarse como un beneficio gracioso del Estado. Se trata, dijo, de una compensación por años de trabajo y aportes. Bajo esa lógica, sostuvo que el propio Estado debe asumir su papel de empleador y contribuir al financiamiento del sistema.

La propuesta plantea que el aporte del funcionario suba del 16 al 18 por ciento y que la edad mínima de retiro pase de 57 a 59 años. A cambio, el Estado debería aportar un 10 por ciento, comenzando con un 5 por ciento y aumentando gradualmente cada año.

Actualmente, la posición del Gobierno contempla elevar el aporte del trabajador al 18 por ciento y fijar edades de jubilación de 59 y 62 años, pero sin incluir contribución estatal.

Para Amarilla, ese enfoque traslada toda la carga al funcionario y evita discutir el verdadero problema: el manejo del dinero público y la responsabilidad del propio Estado en sostener el sistema previsional.

Hoy existen cerca de 290.000 funcionarios públicos en Paraguay, equivalentes a aproximadamente el 4,5 por ciento de la población. En ese escenario, el debate sobre quién financia las jubilaciones dejó de ser técnico y pasó a ser, cada vez más, político.