El presidente de Cavialpa, Paul Sarubbi, señaló que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones tenía autorizado un presupuesto cercano a 690 millones de dólares, pero finalmente se pagaron solo 440 millones. La diferencia de 250 millones de dólares terminó ampliando la deuda con las constructoras.

El resultado de ese recorte es visible hoy. De los 360 millones de dólares adeudados, unos 250 millones corresponden a certificados de obras ya ejecutadas, mientras que cerca de 110 millones son intereses acumulados por la mora.

La situación genera críticas dentro del sector vial, que advierte que la disciplina fiscal no debería sostenerse trasladando obligaciones al sector privado. Desde Cavialpa señalan que el Estado debería revisar otros gastos antes de frenar pagos a empresas que ya cumplieron contratos.

El problema podría agravarse este año. El Ministerio de Economía y Finanzas busca volver al tope de déficit de 1,5 por ciento del PIB establecido por la ley de responsabilidad fiscal, lo que volvería a limitar desembolsos incluso en proyectos financiados con créditos internacionales.

Parte de las obras pendientes están respaldadas por préstamos de organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe y Fonplata. Según el gremio, esos fondos ya están disponibles y el país incluso paga tasas por ellos.

Sarubbi estima que al menos la mitad del capital adeudado, unos 125 millones de dólares, podría cancelarse de inmediato utilizando esos recursos externos. Sin embargo, mientras el Estado mantenga el freno fiscal, la deuda seguirá creciendo y el costo terminará multiplicándose para las cuentas públicas.