El capital social aprobado asciende a G. 3.300 millones, pero la integración inicial fue de solo G. 100 millones en efectivo. Cada accionista aportó G. 20 millones. Sin embargo, registros comerciales muestran que algunas de las jóvenes socias arrastran deudas por tarjetas, vehículos y otros compromisos, lo que instala dudas sobre la capacidad real de inversión y el origen de los fondos.

La firma no fue incluida en la declaración jurada de baja de Arévalo. El exlegislador calificó la omisión como un descuido, pero la CGR advierte contradicciones que superan un error administrativo y apuntan a problemas de trazabilidad financiera. En ese contexto, el organismo pidió profundizar la investigación.

El caso se da tras la renuncia del exdiputado en medio del escándalo por los chats con el fallecido Eulalio “Lalo” Gomes, que derivaron en su imputación por presunto cohecho pasivo.

A esto se suman diferencias llamativas en la valuación de bienes del matrimonio. Un inmueble declarado en G. 316 millones contrasta con registros municipales previos de G. 551 millones y un peritaje que lo eleva a G. 991 millones.

El informe final de la Contraloría es contundente: no hay elementos suficientes para validar la evolución patrimonial. En un escenario donde el Estado arrastra crecientes compromisos financieros, este tipo de inconsistencias refuerza la preocupación sobre el uso y control de los recursos vinculados al poder político.