A través de redes sociales, el legislador sostuvo que el proceso fue “legal y sin privilegios”, aunque optó por apartarse “para evitar distorsiones”. Sin embargo, el trasfondo del caso expone una serie de hechos difíciles de ignorar.

Su solicitud fue aprobada en apenas dos días y el expediente avanzó por varias dependencias en solo seis horas, hasta concretar la adjudicación firmada por el ministro Juan Carlos Baruja el 29 de julio de 2025.

El beneficio fue posible luego de que se eliminara el tope de ingresos de siete salarios mínimos, lo que habilitó al senador —con ingresos superiores— a acceder a un programa diseñado para sectores con menor capacidad económica.

A esto se suma que el propio Vera admitió que no habita el departamento, incumpliendo una condición básica del contrato.

El caso desató críticas y derivó en un intento de pérdida de investidura impulsado por la oposición, que finalmente no prosperó tras el respaldo del cartismo.

La renuncia, lejos de cerrar el episodio, deja expuesta una maniobra que, de no haber generado rechazo público, probablemente habría seguido su curso sin mayores obstáculos.