Entre los beneficiados figuran César Ramírez, Liliana Alcaraz, Marcos Alcaraz y el asesor Jorge Cappello, quienes aparecen en registros oficiales del Ministerio de Economía como receptores del adicional.

A este grupo se suman otros nombres cercanos al entorno presidencial, ampliando la lista de funcionarios alcanzados por el beneficio.

El esquema, sin embargo, no fue aplicado de manera uniforme. Ministras como Teresa Rojas, Salma Agüero, Nidia López, Sara Irún y el titular del Indert, Francisco Ruiz Díaz, quedaron excluidos pese a cumplir funciones similares como ordenadores de gasto.

Desde el oficialismo se intentó justificar el pago argumentando criterios administrativos contemplados en el clasificador presupuestario. Sin embargo, la selectividad en la asignación refuerza las críticas sobre un manejo discrecional de los recursos públicos.

El contraste entre el mensaje de “economía de guerra” y el reparto de bonificaciones millonarias instala dudas sobre la coherencia del ajuste anunciado. La percepción de privilegios dentro del propio gabinete alimenta cuestionamientos en un contexto de restricciones para otros sectores del Estado.

Ante la repercusión negativa, las bonificaciones fueron finalmente canceladas.