Nacionales
Clientelismo

Denuncian que un funcionario de Yacyretá condicionó ayudas estatales a cambio de votos en Paso de Patria

Pobladores señalan que un jefe de la EBY habría pedido respaldo político para liberar proyectos y beneficios, en un caso que expone posible clientelismo. (Dibujo: NOVA)

Una denuncia de alto impacto político sacude a Paso de Patria, en Ñeembucú, donde pobladores acusan a un funcionario de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) de condicionar beneficios estatales a cambio de votos, en un esquema que expone prácticas de clientelismo.

El señalado es Mario Dos Santos Martinucci, jefe de Compras y Contrataciones en la sede de Ayolas, quien, según los denunciantes, habría promovido abiertamente la candidatura de Sebastián Fernández para la intendencia, vinculando el acceso a proyectos y ayudas con el triunfo electoral del aspirante.

El hecho habría ocurrido durante una reunión comunitaria en la que participaron vecinos y el propio candidato. De acuerdo con los testimonios, el funcionario planteó que la llegada de Fernández al cargo sería clave para canalizar beneficios, advirtiendo incluso que, sin ese “entendimiento político”, los proyectos no avanzarían.

Los pobladores aseguran contar con un video que respalda estas afirmaciones, lo que agrava la situación al tratarse de un alto cargo de una entidad binacional que, por normativa, debe mantenerse al margen de actividades partidarias.

La denuncia también pone en cuestión la trayectoria del funcionario dentro de la EBY, mencionándose supuestos respaldos políticos que habrían facilitado su permanencia desde la administración de Fernando Lugo hasta su cercanía con el actual vicepresidente Pedro Alliana.

Mientras tanto, el escenario electoral local suma tensión. El actual intendente, Antonio Gómez, buscará la reelección en medio de estas acusaciones que abren dudas sobre la transparencia del proceso.

Hasta ahora, ni el funcionario implicado, ni el candidato mencionado, ni la EBY han fijado postura. De confirmarse los hechos, el caso podría derivar en sanciones administrativas e incluso penales, por el uso indebido de la función pública para influir en la voluntad popular.

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