El caso tomó impulso tras denuncias de vecinos, lo que derivó en un allanamiento a un depósito donde se realizaban constantes trasbordos sin medidas mínimas de seguridad. Imágenes de circuito cerrado permitieron constatar que diariamente ingresaban al menos tres cisternas, cada una con 36.000 litros de combustible.

La firma investigada, Impulsa S.A., sostuvo que el sitio era utilizado para transferir el producto a camiones más pequeños. Sin embargo, el fiscal señaló inconsistencias en esa explicación, considerando que la empresa cuenta con unos 30 vehículos con capacidad de entre 500 y 1.000 litros.

“¿A dónde va el excedente? Esa es la pregunta”, expresó Rienzi, al tiempo de cuestionar por qué no utilizaban sus propias cisternas para el traslado.

Durante el procedimiento también se detectó la presentación inicial de una factura con contenido apócrifo para justificar la trazabilidad del combustible, situación que luego fue rectificada con otro documento, aunque persisten dudas.

En paralelo, periodistas de la zona denunciaron amenazas por difundir el caso. En el lugar fueron incautados motores y mangueras que evidencian un manejo precario de sustancias inflamables, sin autorización del INTN ni medidas contra incendios. La Fiscalía mantiene abiertas todas las líneas de investigación.