Según el legislador, las recientes acusaciones no pueden entenderse como hechos aislados, sino como parte de una práctica más extendida que requiere una respuesta institucional firme.

La iniciativa plantea examinar el patrimonio de comisarios generales, principales, directores y jefes en funciones. El control incluiría la verificación de declaraciones juradas de bienes y rentas, el análisis de la evolución patrimonial, la detección de inconsistencias o incrementos no justificados, así como el cruce de información con otras entidades públicas.

En su exposición de motivos, el proyecto advierte que cualquier sospecha de corrupción afecta la confianza ciudadana y debilita el Estado de Derecho. También señala la existencia de una “concentración desproporcionada de riqueza” en sectores de la cúpula policial.

El examen de correspondencia es considerado una herramienta clave para determinar si los bienes de funcionarios públicos guardan relación con sus ingresos legales y detectar posibles casos de enriquecimiento ilícito.