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Se complica el panorama del presidente

Empresa vinculada a Peña recibió 19,5 millones de dólares del Estado mientras él seguía como garante de sus deudas

Un informe oficial remitido a la Fiscalía expuso que Santiago Peña fue socio y garante de Wels SA, empresa favorecida con millonarios contratos públicos. (Dibujo: NOVA)

El examen de correspondencia de la Contraloría General de la República terminó dejando expuesto mucho más de lo que pretendía aclarar.

El documento, remitido a la Fiscalía, reveló que el presidente Santiago Peña mantenía vínculos comerciales y financieros con Wels SA, una empresa que multiplicó sus contratos con el Estado desde su llegada al poder.

Según registros de la DNIT, Peña integró la firma junto a su hijo Gonzalo Peña Ocampos y su hermano Manuel Peña Palacios. El informe además señala que el mandatario continúa como garante de un préstamo millonario vigente de la empresa ante el Banco Atlas, un dato que contradice cualquier intento de presentar el vínculo como algo cerrado o lejano.

Wels SA empezó a aparecer en contrataciones públicas en 2021, dentro del Consorcio Welsan junto al Sanatorio San Roque SRL.

Ese año obtuvo contratos con Digesa e IPS para recolección y transporte de residuos patológicos por más de G. 7.900 millones. En 2022 sumó otros acuerdos con Salud e IPS que elevaron el monto total del consorcio a G. 23.846 millones.

Hasta entonces, la firma no registraba adjudicaciones propias. El salto llegó después de las elecciones generales de 2023. El 5 de julio de ese año, ya con Peña como presidente electo, Wels SA consiguió su primer contrato individual con el IPS por G. 9.837 millones.

Diez días después de la asunción presidencial, sumó otros G. 500 millones y, en octubre, el Ministerio de Salud le adjudicó G. 14.793 millones más.

Entre 2023 y 2026, la empresa acumuló contratos estatales por G. 121.515 millones, equivalentes a unos 19,5 millones dólares. En paralelo, amplió sus negocios al rubro de jardinería mediante un consorcio con Eco Norte SA y Mafara SA, obteniendo del IPS otro contrato por G. 24.551 millones para mantenimiento de jardines.

La causa quedó a cargo del fiscal Jorge Arce, tras denuncias impulsadas por ocho legisladores por presunto enriquecimiento ilícito y otros hechos. El abogado Felino Amarilla sostuvo que existen indicios de colusión y advirtió sobre el cruce de deudas entre Peña, entidades financieras y empresas proveedoras del Estado.

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