Uno de los casos corresponde a Willians Tomás Ferreira Centurión, señalado como operador político del clan. El 11 de marzo firmó una Autorización de Servicio por G. 240 millones anuales, equivalentes a G. 20 millones por mes. El contrato establece tareas de “asesoramiento integral, control, acompañamiento administrativo y apoyo logístico a la Dirección de Coordinación Ejecutiva”.

Otra adjudicación recayó en Carlos Derlis Riveros Cazal, quien obtuvo en octubre de 2024 una contratación por G. 300 millones al año, es decir, G. 25 millones mensuales.

Según la documentación, su función consiste en brindar “asistencia técnica jurídica para la planificación y coordinación de actividades pertinentes al sistema de integridad y compliance, riesgos corporativos y controles internos”.

La nómina también incluye a Denis Mariela Guanes Giménez, concejala colorada cartista de San José de los Arroyos, departamento de Caaguazú. La edil suscribió el 31 de enero de este año una Autorización de Servicio por G. 204 millones anuales, equivalente a G. 17 millones por mes, para prestar “servicios profesionales a la asesoría de Compliance sobre acciones y medidas administrativas necesarias en el marco de la mejora continua”.

Las contrataciones toman mayor dimensión tras la difusión del audio en el que Javier Zacarías Irún conversaba con Osvaldo Sánchez Jara, precandidato a concejal y presidente de una seccional de Ciudad del Este.

En la grabación, el legislador afirmaba: “Ya está eso” y “En un segundo te resuelvo”, al referirse a la posibilidad de conseguir un contrato para el hermano de Sánchez Jara.

Aunque posteriormente el senador sostuvo que aquella contratación específica no llegó a concretarse, la sucesión de adjudicaciones a personas vinculadas a su estructura política volvió a colocar el manejo de los recursos de Itaipú en el centro de las críticas por presunto favoritismo y uso de cargos financiados con fondos públicos.