El requerimiento obliga a la institución a remitir en un plazo de diez días toda la información disponible sobre los movimientos fiscales de Peña. La Fiscalía busca acceder a datos sensibles como su inscripción en el Registro Único del Contribuyente (RUC), las declaraciones tributarias presentadas durante más de una década y cualquier modificación realizada posteriormente.

La lupa también apunta a sus ingresos declarados. El Ministerio Público pidió copias de las presentaciones vinculadas al Impuesto a la Renta Personal (IRP), el Impuesto al Valor Agregado (IVA), comprobantes de retención y antecedentes relacionados con eventuales rectificaciones.

A eso se suma un pedido para identificar su participación en empresas, ya sea como socio, accionista o representante legal, además de posibles fiscalizaciones tributarias que haya enfrentado fuera de la función pública.

La causa se sustenta en una denuncia presentada en octubre de 2025 por ocho legisladores opositores, quienes cuestionan la evolución patrimonial del presidente y sostienen que existen inconsistencias en sus declaraciones juradas.

Según la presentación, Peña habría registrado un crecimiento patrimonial superior al 1.600 por ciento entre 2014 y 2023. Los denunciantes señalan que su patrimonio pasó de alrededor de G. 1.351 millones en 2017 a más de G. 23.000 millones en 2023, una variación que consideran necesaria de esclarecer.

Arce confirmó que ya cuenta tanto con la denuncia como con el examen de correspondencia elaborado por la Contraloría General de la República. Sobre la investigación, afirmó: “vamos a tomar todos los recaudos correspondientes, llevar a cabo el análisis y la valoración de la información presente en la denuncia para ver cómo avanzar con la investigación”.

Aunque la Contraloría concluyó que existe correspondencia entre los ingresos y el patrimonio declarado por Peña, la Fiscalía ahora busca profundizar sobre la documentación tributaria y societaria del mandatario para avanzar con las diligencias abiertas en su contra.