El documento es considerado clave para la investigación porque recoge las deliberaciones en las que el entonces director jurídico del IPS, José “José’i” González Maldonado, informó a los consejeros sobre el acuerdo extrajudicial alcanzado con el Consorcio Hotelero Sudamericano SA, representado por Jorge López Moreira.

De acuerdo con los antecedentes del caso, el IPS reclamaba judicialmente G. 10.781 millones por una deuda arrastrada desde 2018. Sin embargo, en julio de 2024 terminó aceptando un cobro de G. 7.500 millones, validando una reducción de G. 3.281 millones.

Según consta en los antecedentes citados por la Fiscalía, durante aquella sesión González Maldonado señaló que había mantenido conversaciones con el presidente Santiago Peña en torno a la operación.

También admitió haber entregado el dictamen a Juan José Galeano, asesor económico de la Presidencia, con el objetivo de resguardar los aspectos “políticos y jurídicos” del acuerdo.

El requerimiento fiscal sostiene que la resolución ya obra en poder de los investigadores, pero que resulta indispensable acceder al contenido completo del acta para reconstruir el debate interno y determinar qué motivó la aprobación del beneficio económico.

La transacción global se cerró por G. 7.912.500.000. De ese monto, G. 7.500 millones fueron para el IPS y G. 412.500.000, IVA incluido, correspondieron a honorarios profesionales cobrados por González Maldonado.

Tras la difusión pública del caso, surgieron cuestionamientos sobre la distribución de esos honorarios y sobre el crecimiento patrimonial del exdirector jurídico, quien posteriormente presentó su renuncia.

La causa penal continúa abierta y busca esclarecer posibles hechos de corrupción y tráfico de influencias relacionados con la aprobación del acuerdo.