Para la fiscalía, la única versión válida es la de los asesinos y aunque el descargo de los militares no tiene el más mínimo sustento, ha sido aceptado y compartido por las autoridades y la opinión pública en general que justifican sin mayores cuestionamientos los procedimientos fuera del marco legal cuando se trata del EPP.

El relato construido por la FTC dice los siguiente: la dos niñas de 11 años fueron reclutadas a la fuerza por sus padres biológicos y eran parte del grupo armado. El día del operativo, ocupaban un puesto de vigilancia a pocos metros del campamento principal. Cuando advirtieron la presencia de los “punteros” de la patrulla militar dispararon con fusiles de alta precisión contra los soldados, que devolvieron el ataque "abatiendo" a una de ellas. La balacera alertó a los líderes del grupo que abandonaron el lugar huyendo hacia el norte donde fueron interceptados por una segunda patrulla. Fue ahí y en medio de un claro, donde cayó la segunda niña.

Según la FTC y su área de inteligencia, las niñas no estaban en primera linea por causalidad sino que el grupo armado dispuso que ocuparan los puestos de vigilancia para servir de “escudo humano” en caso de asalto.

Para darle credibilidad a este relato, los altos mandos exhibieron las fotos de las dos nenas vestidas con uniforme militar. Dijeron además que “las abatidas” iban fuertemente armadas y portaban mochilas cargadas con municiones y otros elementos de guerra.

Llamativamente, militares y fiscales, quemaron los trajes y desaparecieron las mochilas luego de ordenar el entierro inmediato de las niñas.

Las dudas sobre lo que realmente sucedió surgieron de la actuación del propio forense que primero dijo que se trataba de dos adolescentes de entre 16 y 18 años cuando en realidad eran dos niñas de apenas 11 que no pesaban más de 35 kilos, lo que hacía por lo menos dudoso que pudieran correr en medio del monte cargando fusil, mochila y pistola.

Si esto fuese así estarían dejando muy mal a las fuerzas militares que siempre expresan las dificultades que tienen para desplazarse en ese mismo terreno.

Después de aceptar que se había equivocado en la edad de las víctimas, el forense aportó otro dato relevante; una de las niñas había recibido 6 balazos, la mayoría en la espalda, lo que confirmaba que no había plantado cara a la patrulla sino que había optado por correr siendo alcanzada en plena huída.

Los militares también se justifican diciendo que debido a la densidad del bosque es imposible saber si se trata de niños, jóvenes o adultos. Podría ser una explicación medianamente creíble en el caso de la primera víctima, pero ¿cómo se explica en el caso de la segunda? a la que le dispararon en medio e un claro según la declaración del comandante de la FTC, Oscar Chamorro.

Otro dato que nadie tuvo en cuenta es que la parafina fue positiva solo en una de las niñas, siendo esta prueba concluyente SOLO CUANDO ES NEGATIVA.

Y respecto a la hipótesis de que el EPP usa menores son como “escudos humanos” es cuestión de observar que el campamento donde se hallaban las niñas estaba al oeste del campamento principal, no alrededor. Esto quiere decir que si la patrulla atacaba por el norte, por el sur o por el este en vez de supuestos “escudos humanos” habría encontrado o bien explosivos o en su defecto, la base con sus líderes.

Versión de las sobrevivientes y análisis de lo expuesto por la FTC

Por su parte, los familiares de las niñas compartieron otra versión basada en el testimonio de dos sobrevivientes.

Según la declaración ofrecida por Tamara Anahí (14) y Tania (19) a la Relatoría Especial de Ejecuciones Sumarias y el Comité de los Derechos del Niño de ONU y a la que se tuvo acceso a través de de sus representantes legales, la niñas llegaron al monte en noviembre de 2019 con el objetivo de conocer a sus padres biológicos y con la idea de regresar antes que se iniciaran las clases en marzo de 2020. La pandemia las sorprendió en la clandestinidad debiendo prolongar su estadía.

Desde que llegaron, se montaron dos campamento; el principal donde estaban los líderes y combatientes y uno secundario, donde vivían las niñas y su tía, Laura Villalba, la encargada de llevarlas, cuidarlas y regresarlas a la Argentina.

Los soldados habrían atacado por sorpresa este segundo campamento, tomando con vida a una de las niñas. Según el testimonio de las sobrevivientes, el resto de las mujeres corrió hacia el campamento principal huyendo junto a los líderes hacia el norte. A poco de andar fueron interceptados por una segunda patrulla. Es ahí donde muere la segunda niña y se hiere a una tercera también de 14 años, Lichita, hoy desaparecida.

Es importante hacer la siguiente observación; la segunda niña que muere recibe los balazos por la espalda y la que es herida y logra huir, en el talón. Esto quiere decir que no iban al frente y como escudo como afirman desde el ejército, sino detrás, protegidas por los líderes.

Si se analiza la explicación con los detalles del operativo que brindó el comandante Chamorro unos días después (ver video), se puede concluir que los militares no querían enfrentar de forma directa a los irregulares sino que su táctica consistía en obligarlos a abandonar el campamento huyendo hacia el norte donde los esperaba una segunda patrulla que los dejaría pasar y los atacaría por sorpresa desde la retaguardia.

Esta hipótesis fue confirmada a una fuente de NOVA por un efectivo policial de alto rango que sostuvo haber participado del procedimiento.

Nueva estrategia y responsabilidades claras

La FTC viene usando las emboscadas desde épocas de la ACA y si bien esta estrategia ha arrojado resultados “positivos” también se ha cobrado la vida de muchos inocentes que el ejército y la Fiscalía han presentado luego como “falsos positivos”.

Otro aspectos a tener en cuenta es que tanto militares como fiscales tenían pleno conocimiento de la presencia de menores en los campamentos y no solo no tomaron ninguna medida de protección para con quienes ellos mismos aseguran están con el EPP “contra su voluntad” sino que le ocultaron deliberadamente esta información al juez de garantías que autorizó el operativo y que una vez conocidos los hechos declaró públicamente que de haber sabido que en los campamentos había menores otra hubiese sido su orden.

Pero no solo los altos mandos militares tenían conocimiento de esta situación, también lo sabían el entonces jefe de Gabinete, Juan Ernesto Villamayor quien ocupando el Ministerio del Interior informó a la Argentina y el asesor de inteligencia militar de la presidencia, coronel Arturo Grau.

Si lo sabía el jefe de Gabinete y lo sabía el asesor de inteligencia de la Presidencia, está claro que el presidente y comandante en jefe del Ejército, también estaba al tanto que en los campamentos había menores.

El crimen de las niñas hizo que la ONU pidiera explicaciones. Paraguay optó por mentir. En sus descargo, el Gobierno aseguró que el operativo se había realizado en el marco de la ley, con orden judicial y presencia fiscal. Lo que las autoridades no dijeron es que el juez Gustavo Amarilla no contaba con toda la información sobre el caso y que el fiscal Federico Delfino llegó al lugar varias horas después de producido los hechos desde Asunción y con el solo objetivo de “blanquear” los crímenes.

Presión de la Argentina

El presidente Alberto Fernández tomó el caso de manera personal y emplazó al a su par paraguayo, Mario Abdo, para que investigue de forma imparcial y objetiva lo sucedido. La Argentina se ofreció a colaborar y ofreció los servicios del prestigioso Equipo de Antropología Forense. Abdo se negó sistemáticamente a aceptar la colaboración del vecino país durante todo un año hasta que hace dos semanas, los cancilleres Santiago Cafiero y Euclides Acevedo anunciaron que Paraguay finalmente permitiría que el equipo de forenses examinara los cuerpos de las niñas.

Vale todo

No cabe dudas que la llegada de los expertos pondrá el foco mundial sobre el conflicto que hace más de 15 años mantiene en vilo al norte y que se caracteriza no solo por las acciones violentas del EPP sino por la impunidad con que operan los agentes del Estado que gozan de la protección de las mas altas autoridades del país y cierta complicidad de la opinión pública que, o por desconcocimiento o por indiferencia acepta que para terminar con el EPP todo está justificado.

(X) José Maria Quevedo forma parte de la Plataforma de Estudio e Investigación de Conflictos Campesinos que preside el Dr Domingo Laíno e investiga lo que sucede en el norte desde hace más de diez años.