Es el tercer proceso que se impulsa contra la fiscal general en dos años, desde su asunción al cargo en marzo de 2018. El último pedido se originó en la Cámara de Diputados en marzo de este año.

El nuevo tratamiento fue impulsado por la designación del ex presidente Horacio Cartes (2013-2018) como persona "significativamente corrupta", por el Departamento de Estado de Estados Unidos.

La designación responde a la participación del exmandatario en hechos de corrupción y al uso de su investidura para mitigar el riesgo sobre sí mismo, de acuerdo al informe divulgado por el gobierno estadounidense.

Ante este anuncio, un grupo de diputados impulsó un nuevo pedido de juicio político con el argumento de "una deliberada inacción" del Ministerio Público en los procesos penales que involucran al expresidente y personas de su entorno.

Los diputados de la bancada "Honor Colorado", en oposición al juicio, expresaron que la declaración del gobierno de Estados Unidos es una declaración política y no judicial, y acusaron de avasallar la institucionalidad del Ministerio Público con el nuevo pedido.

Causas del libelo acusatorio

La primera de las 11 causas del libelo acusatorio corresponde al informe de 2.000 páginas de la Comisión Bicameral de Investigación del Congreso, presentado en abril de 2020, sobre las operaciones de lavado de dinero de Darío Messer y su vínculo con Horacio Cartes.

Hasta la fecha el Ministerio Público no avanzó en ninguna investigación penal, pese a que Messer en su confesión en Brasil citó al entonces presidente como la persona que lo asistió en su fuga de Paraguay y a que la Fiscalía brasileña cuenta con elementos de que empresas de Cartes formaron parte del esquema de lavado, denunció la diputada Kattya González, una de las proyectistas.

El diputado Sebastián Villarejo agregó que en los últimos tres años la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero (Seprelad) emitió ocho alertas de operaciones sospechosas en empresas del expresidente Cartes que no fueron investigadas por el Ministerio Público.

Otras causas corresponden a la falta de avances en los procesos penales en hechos ocurridos durante la presidencia de Cartes: como la construcción cancelada del Metrobús, la denuncia por declaración falsa de bienes al asumir la presidencia, y el asesinato de Rodrigo Quintana a manos de la policía el 31 de marzo de 2017.

El pedido de juicio político inició su tratamiento el domingo 24 de julio y se desarrolló durante seis sesiones, incluida una suspendida por incidentes entre los diputados dentro del recinto.