Sin pudor alguno, la entonces prófuga publicó en Facebook fotos y videos presumiendo su lujosa estadía en la capital italiana.

Meses antes, el equipo legal del denunciante ya había advertido al Ministerio Público sobre el riesgo de fuga, ofreciendo testigos y evidencias de la intención de Arámbulo de salir del país, pero la fiscal original, Amelia Hortensia Bernal Jara, ignoró la advertencia. Tampoco la citaba a indagatoria pese a las numerosas pruebas, mostrando parcialidad en favor de la abogada. Finalmente, Bernal fue recusada tras su inexplicable pasividad, que provocó la pérdida de una grabación de seguridad clave para la investigación.

Pese a todo, Arámbulo eludió la orden de captura emitida 24 horas antes de partir a Europa, en un vuelo que salió el sábado 20 de Septiembre desde el Aeropuerto Silvio Petirossi.

Este último episodio derivó en una denuncia contra la ujier Evelyn Monserrat Adorno Soria de Brítez, quien presentó un contradictorio informe al juzgado alegando que no había podido notificar a la imputada “por falta del expediente físico”, pese a que la causa se gestiona electrónicamente. Su informe fue utilizado por la jueza Ana María Esquivel para revocar la declaración de rebeldía y levantar la orden de captura, una medida que desató indignación pública.

El equipo jurídico de Morás denunció a la ujier ante la Superintendencia Corte Suprema de Justicia por su mal desempeño de funciones y solicito se investigue su proceder dentro del juicio, y no descartan iniciar acciones contra otros funcionarios si existe mérito.

El 21 de octubre, se realizó una nueva audiencia de imposición de medidas en la que el fiscal interino Eugenio Ocampos solicitó arresto domiciliario y la querella pidió prisión preventiva, considerando la indiscutible evidencia de fuga. Sin embargo, la jueza Ana María Esquivel volvió a generar polémica al concederle libertad ambulatoria con medidas restrictivas, pese a la “demostrada capacidad de evadir la justicia” de la imputada.

La jueza Ana María Esquivel ya había sido cuestionada en varias oportunidades:

• En 2023 quedó en el ojo público por haber liberado a un presunto ladrón sorprendido in fraganti por un vecino en San Antonio, apenas horas después de su aprehensión, pese a los antecedentes del acusado.

• En 2024 fue señalada por dilatar de manera excesiva una resolución sobre agentes de la Patrulla Caminera, en el contexto de un procedimiento irregular que terminó con la muerte de dos personas. Finalmente les dio prisión domiciliaria pese a la gravedad del caso.

• Este año la Jueza y su actuaria Patricia Cáceres Zapata fueron denunciadas por un presunto cobro irregular de honorarios a un imputado para otorgarle arresto domiciliario, además de un insólito requerimiento de “llevar merienda al juzgado” por parte de su dactilógrafo.

¿Protegida gremial?

El caso Arámbulo también tiene derivaciones políticas: la imputada es afiliada al Partido Colorado, exhibe una fotografía junto al presidente Santiago Peña y milita activamente en el Movimiento Renovación Gremial dirigido por el consejero de la Magistratura Enrique Berni Britez.

Mientras se analiza la denuncia contra la ujier y se estudia la apelación de la querella, la opinión pública se pregunta cómo una imputada por un delito grave, con orden de captura, pudo tramitar un pasaporte, huir del país y permanecer libre pese al elevado monto del hurto.

El episodio se suma a una larga lista de irregularidades que ponen en duda la imparcialidad y transparencia del sistema judicial paraguayo, especialmente cuando las decisiones favorecen a quienes cuentan con poder político, conexiones institucionales o amorosas.