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Corrupción en La Corte: presentarán proyecto de juicio político a Antonio Fretes

El presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Antonio Fretes, había integrado en el 2008 la Sala Constitucional que rechazó una acción de inconstitucionalidad planteada por el Ministerio Público.

El presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Antonio Fretes, había integrado en el 2008 la Sala Constitucional que rechazó una acción de inconstitucionalidad planteada por el Ministerio Público en un juicio contra Kassem Mohamad Hijazi, permitiendo su blanqueo.

El ministro Fretes y su hijo Amílcar Fretes Escobar actualmente se ven envueltos en un escándalo, tras aparecer un contrato firmado por el último con Sharif Kassem Hijazi, familiar de Kassem Mohamad, quien el pasado 8 de julio fue extraditado a los Estados Unidos.

El contrato “de prestación de servicios profesionales de abogado” tiene fecha del 30 de setiembre de 2021. En el documento, el hijo de Fretes se obligaba a prestar asesoría a Sharif sobre la situación jurídica de su padre.

Fretes supuestamente debía hallar “una salida jurídica” para que Kassem, o no sea extraditado, o bien, pueda permanecer por más tiempo en el país, según el mismo reconoció a distintos medios de comunicación cuando se supo lo del contrato. Asimismo, admitió que el hijo de Kassem le pidió interceder ante su padre.

Una de las cláusulas bastantes llamativas del acuerdo indica que el mismo tendría una validez de apenas 30 días hábiles, aclarando que, “de no haber una solución de manera a satisfacer al mandante, se procederá al reintegro de lo entregado en concepto de honorarios profesionales”.

Según el contrato, en ese mismo acto, Sharif Hijazi entregó a Fretes la suma de 368.000 dólares, más de 2.500 millones de guaraníes, en concepto de “honorarios profesionales”. Pero, de acuerdo con el vástago del ministro, no llegó a percibir dicho monto. Precisó que Sharif desembolsó como “adelanto” 60.000 dólares, pero que la suma quedó depositada con una persona de confianza de su mandante.

Blanqueo

Antecedentes de un juicio oral y público contra Kassem Hijazi, en el que fue absuelto de los cargos que el Ministerio Público le imputaban, muestran una dudosa actuación de la Justicia.

El ciudadano brasileño de origen libanés había sido acusado junto a otras personas por supuestos hechos punibles contra el erario. Hijazi era señalado por una supuesta evasión impositiva de 5 millones de dólares.

En diciembre de 2007, en el marco del juicio, el entonces fiscal Eduardo Cazenave recusó al Tribunal que estaba integrado por Ana María Arrellana, Efrén Jiménez y Graciela Flores, alegando que estos habían intervenido en el juzgamiento de otros coacusados, quienes fueron absueltos al excluir dicho tribunal pruebas fundamentales, y que nuevamente no incluirían en el juicio pruebas conducentes a la condena de Hijazi, es decir, había fundadas sospechas de blanqueo del caso.

Pero, la recusación fue rechazada, por lo que Cazenave planteó una acción de inconstitucionalidad ante la Corte.

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