Nunca la municipalidad trabajo con tanta eficiencia. En menos de una hora, los funcionarios de la comuna lograron desarmar las precarias viviendas levantadas por los ocupantes del predio. Todo un record. Además, estos funcionarios fueron los únicos representantes de la institución que aparecieron por la zona. Ni el intendente, ni ninguno de sus tantos secretarios y asesores se tomó la molestia de supervisar el desalojo, procedimiento violento, mediante el cual se expulsó a los ocupantes de una de las áreas del Jardín Botánico. Las personas reclamaban un lugar donde vivir.
El fiscal José Luis Casaccia denunció públicamente que los ocupantes recibieron a los efectivos policiales con palos, piedras, bombas molotov y elementos punzantes, algo que seguramente es cierto. También denunció complicidad de los vecinos del predio con los ahora desalojados.
Casaccia pidió la prisión para los dirigentes sociales, y algunos colegas comunicadores cárcel para quienes agredieron policías. Invasión a bien ajeno, atentado contra una reserva natural y resistencia a la autoridad, son los cargos que la fiscalía levantará contra los ocupantes “para que sirva de ejemplo” agregó Casaccia quien fue más allá y definió el hecho como “acto criminal y terrorista”.
La criminalización de la protesta social está instalada. Presentar a la sociedad lo que es la búsqueda desesperada por la supervivencia y la inclusión como un delito, es grave.
Hace unos días un informe de la CEPAL revelaba que el 55% de los paraguayos es pobre y que el 30% vive en la indigencia. Evidentemente, los mecanismos para que esto continúe siendo así funcionan perfectamente.
