Por su parte, el ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, explicó durante una conferencia de prensa virtual algunos alcances del planteamiento.

El objetivo de la propuesta no es solo cancelar las deudas con proveedores, sino también se busca establecer medidas que aumenten los fondos públicos, según sostiene Fernández Valdovinos.

Deuda

El documento establece que los empréstitos solicitados serán de hasta 600 millones de dólares para el ejercicio fiscal 2023. El financiamiento podrá ser mediante bonos u organismo multilaterales. Las deudas con proveedores solo se pagarán tras una auditoría.

El ministro explicó que de los recursos solicitados, la mitad corresponde a saldos atrasados con las constructoras y la otra mitad a deudas con los proveedores de medicamentos. Entre otras cosas, el proyecto de ley plantea modificaciones con relación a los cargos vacantes. La intención es que estos recursos sean redireccionados.

Royalties

Por otro lado, se pretende que los royalties y compensaciones provenientes de Itaipú y Yacyretá, que no hayan sido rendidos por los municipios, sean transferidos a la Tesorería Nacional.

El proyecto también establece en 4,1 por ciento del producto interno bruto (PIB) el déficit fiscal del presupuesto vigente. Hasta agosto de este año el descalce presupuestario era del 3,3.

El ministro no descarta que parte de las deudas se imputen dentro del PGN 2024, el cual está en pleno análisis en el Congreso Nacional.

“Lo más probable es que si este pedido de financiamiento es aprobado por el Congreso, sea también unido al pedido de financiamiento que se va a utilizar para calzar el presupuesto del año 2024”, dijo.

Oposición crítica propuesta de ley

Durante la reunión de la Comisión Bicameral de Presupuesto, en el marco del análisis del PGN 2024, la senadora por el Frente Guasu, Esperanza Martínez, cuestionó la propuesta del Gobierno.

Martínez dijo que el proyecto “Por el cual se establecen medidas extraordinarias de gestión para las finanzas públicas”, presentado por el Ministerio de Economía y Finanzas, otorga atribuciones extras al Ejecutivo.

“Tengo entendido que el presidente de la República nos está mandando un proyecto de ley donde él nomás ya va a administrar el dinero, como supremo dictador quiere que le transfiramos funciones extraordinarias para el manejo del tema financiero”, expresó.

Por su parte, la senadora liberal Celeste Amarilla también criticó la propuesta. La legisladora sugirió al presidente de la República, Santiago Peña, que “disuelva el Congreso”, ya que serán finalmente sus correligionarios quienes, valiéndose de su mayoría, dispondrán del presupuesto a discreción.