El análisis indica que los recursos disponibles resultan insuficientes para afrontar las obligaciones futuras del régimen. Según el balance al 31 de diciembre de 2024, las reservas matemáticas necesarias para pagar jubilaciones y pensiones alcanzan G. 489.806 millones, mientras que el valor presente de los activos llega solo a G. 355.197 millones.

La diferencia entre ambas cifras refleja el faltante proyectado para cubrir todos los compromisos previsionales. En otras palabras, el sistema gasta más de lo que puede sostener, una señal clara de desequilibrio estructural.

El estudio también advierte que el diseño institucional del fondo complica aún más su sostenibilidad. A diciembre de 2024, unas 284 personas recibían beneficios jubilatorios o pensiones. En contraste, la cantidad de aportantes está limitada al número de legisladores en funciones, lo que impide ampliar la base de financiamiento.

Con un esquema donde los afiliados aportan el 22 por ciento de su salario y las jubilaciones equivalen al 80 por ciento del ingreso, serían necesarios alrededor de 3,6 aportantes por cada jubilado para equilibrar el sistema. Esa relación, sin embargo, está lejos de alcanzarse.

Las proyecciones tampoco resultan alentadoras. El informe anticipa que el patrimonio del fondo seguirá reduciéndose en los próximos años si no se aplican cambios. Para 2026 se estimaba que caería a G. 248.215 millones, manteniendo una tendencia descendente.

Entre los factores que agravan el problema aparecen los incrementos salariales previos a la jubilación, que en algunos casos superaron el 90 por ciento y elevan el monto de los haberes iniciales.

El estudio propone medidas como elevar la edad mínima de retiro de 55 a 60 años, revisar las tasas de reemplazo del 80 por ciento y 60 por ciento del salario, y ampliar el período de cálculo del beneficio de 60 a 120 meses. Sin embargo, el propio informe reconoce que esas correcciones no resolverían el problema de fondo.

La consultora sostiene que la única salida estructural sería migrar a un sistema de capitalización individual, donde cada afiliado financie su propia jubilación con sus aportes. Pese a ello, un proyecto para eliminar esta “caja vip” fue archivado en Diputados y en su lugar avanzó otra iniciativa que mantiene el esquema vigente.

Mientras tanto, el Senado se prepara para debatir una reforma del sistema en comisión y eventualmente llevarla al pleno esta semana, en medio de cuestionamientos sobre la sostenibilidad de un modelo que sigue acumulando deuda previsional.