Experto en Derecho y Ciencias Políticas, con especialización en Relaciones Internacionales, Derecho Internacional y Unión Europea.

Las intervenciones militares en 1999 en Kosovo y en 2003 en Irak, sin contar con el consentimiento del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, significaron la ruptura del sistema de seguridad colectiva internacional. Estos actos de agresión unilaterales por parte de EEUU consiguieron hacer estallar los mecanismos institucionales que frenaban sus deseos de erigirse como único gendarme internacional, pudiendo intervenir unilateralmente siempre que lo considerase oportuno. A día de hoy, se ha conseguido sentar este precedente y ya parece evidente que EEUU hará uso de la fuerza sin contar con ningún mecanismo internacional.

Al igual que estas intervenciones militares unilaterales supusieron un antes y un después para el sistema de seguridad colectiva, las consecuencias derivadas de las filtraciones de Wikileaks están llamadas a suponer un antes y un después en el orden jurisdiccional mundial, ya que EEUU no oculta su interés por procesar a Julian Assange, sin que sus tribunales tengan ningún vínculo o conexión jurisdiccional con el hecho perseguido. En estos momentos, Julian Assange se encuentra bajo arresto en Reino Unido, a espera de resolverse su extradición por unos supuestos delitos de orden sexual contenidos en Suecia, algo irrelevante en el fondo, pues lo que se esconde detrás es la posibilidad de que EEUU se atreva a dar un nuevo golpe al orden internacional y sus tribunales abran una causa solicitando su extradición, lo que significaría un nuevo precedente muy peligroso para el orden internacional.

Resulta evidente que Julian Assange no tiene ninguna conexión con los tribunales norteamericanos, ya que los hechos no han sido cometidos en EEUU (principio de territorialidad), ni el individuo en cuestión es nacional norteamericano (principio de nacionalidad), sin embargo la maquinaria norteamericana lleva días pensando en inventar alguna treta jurídica que le confiera jurisdicción sobre el caso Wikileaks. Para ello se están planteando invocar un más que cuestionable “principio de seguridad o protección nacional”, que se encuentra en algunos precedentes históricos muy singulares y vinculados con hechos muy trascendentales como la persecución del nazismo, ejemplos de ello fueron el caso Eichmann en 1961 por los tribunales de Israel, o el Caso Lord Haw Haw en 1946 por los tribunales Británicos, donde aun sin tener una conexión clara con los hechos estos tribunales se atribuyeron jurisdicción por la gravedad de los mismos.

Mediante este “principio de seguridad o protección nacional” se está buscando otorgar jurisdicción a los tribunales norteamericanos siempre que los hechos atenten contra los intereses o la seguridad norteamericana, algo que de llevarse a cabo significará un abuso de la extraterritorialidad de los tribunales norteamericanos, convirtiéndose en tribunales del mundo, lo que implicaría que todas las normas dictadas en EEUU serían de obligada observación y cumplimiento por el resto de ciudadanos del mundo ante la posibilidad de ser procesados por los tribunales norteamericanos.

Si la comunidad internacional aceptase este golpe judicial al orden establecido, significaría que en los últimos diez años no solo ha estallado el sistema de seguridad colectiva internacional, dejándolo en las manos de los EEUU, sino que el sistema judicial que ordenaba las relaciones internacionales habrá pasado al dominio de los tribunales norteamericanos, por lo que no solo la fuerza, sino también la justicia habrán pasado a ser una competencia discrecional estadounidense de ahora en adelante.

Aitor Martínez Jiménez es

Licenciado en Derecho por la Universidad de Cádiz.

Licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad de Granada.

Master en Relaciones Internacionales y Diplomacia por la Escuela Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores Español.

Master en Unión Europea por la UNED

Master en Política y Democracia por la UNED

Master en Ciencia Política y Derecho Constitucional por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales del Ministerio de la Presidencia Español.

Ha llevado a cabo diversas investigaciones en torno a la conflictividad en Los Balcanes y la disolución de la antigua Yugoslavia.

Actualmente se encuentra como investigador y profesor en Ciencia Política y Relaciones Internacionales en el Instituto Internacional de Ciencias del Comportamiento (INCICOM) en España.