Economía y Empresas
Podrían dejar el país

Explicar lo inexplicable: el Gobierno defendió el decreto que podría afectar a emblemas de combustible

La normativa emitida por el presidente Santiago Peña, establece que los tanques de almacenamiento deben tener una capacidad mínima de 16 millones de litros.

El ministro de Industria y Comercio, Javier Giménez, explicó las razones detrás del decreto reglamentario sobre la importación de combustible que ha generado controversia entre las empresas del sector privado. Aseguró que el Gobierno está dispuesto a debatir las posibles consecuencias y alcanzar acuerdos para proteger las inversiones en el país.

Este jueves, representantes del sector privado criticaron el Decreto 1.952 emitido por el presidente de la República, Santiago Peña. Esta normativa, que entrará en vigor en julio, establece que los tanques de almacenamiento deben tener una capacidad mínima de 16 millones de litros y ser utilizados exclusivamente para abastecer medios de transporte.

"El decreto establece normas técnicas para la importación de combustible búnker con el fin de regular la venta de este combustible exento de impuestos, ya que se utiliza para abastecer embarcaciones", explicó Giménez.

El ministro destacó que la normativa es exigente porque pocas empresas pueden cumplir con la capacidad de almacenamiento requerida. "El sistema anterior era flexible: se importaba combustible, se declaraba para remolcadores y no se pagaban impuestos, pero se terminaba vendiendo en el mercado interno, generando competencia desleal", enfatizó.

Añadió que el antiguo sistema facilitaba el contrabando de combustible. "Camiones cisterna se apostaban en las riberas del río, cargaban desde los remolcadores y, debido a la extensión del río, había muchos puntos de carga", explicó.

La Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) promovió el cambio para evitar el contrabando. "La normativa exige que la carga se realice en puertos con especificaciones técnicas adecuadas y un tanque exclusivo para este combustible, garantizando la trazabilidad", detalló Giménez.

Sobre cómo evitar el contrabando, Giménez aclaró que la medida impide que los importadores carguen combustible en cualquier punto del río, mejorando la trazabilidad y el control de la DNIT.

El ministro también mencionó que aún no ha tenido la oportunidad de reunirse con representantes del sector privado para discutir las posibles consecuencias de la normativa y buscar soluciones que no afecten la competitividad ni las inversiones extranjeras.

Giménez expresó su preocupación por la posibilidad de que las empresas privadas abandonen el país debido a los cambios en "las reglas del juego". Señaló que Shell, el principal vendedor de combustible en Paraguay, podría verse afectado, lo cual debe ser reconsiderado.

"Entiendo los motivos de la DNIT, pero si afecta la competencia, es algo que me preocupa. El compromiso es dialogar con todos los actores y buscar soluciones", añadió.

Finalmente, Giménez afirmó que el Gobierno busca normativas que favorezcan la competencia con reglas claras y buen manejo por parte de los actores privados, fundamentales para la economía.

Luis Ortega, socio y vocero de Raizen Shell en Paraguay, criticó la modificación de las reglas del sector, acusando al Gobierno de favorecer a Petróleos Paraguayos (Petropar) mediante decretos. Señaló que los inversionistas retornaron al país debido a reglas claras, pero las condiciones cambian constantemente.

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