Con esas evidencias, la Justicia pudo condenar por violaciones a los derechos humanos a una veintena de policías y allegados al ex dictador.

En junio de 2023, el Senado declaró de "interés nacional para la memoria histórica" estos archivos y reconoció como "invaluable" la aportación de Almada y de Fernández.

"Su tenacidad y visión fueron fundamentales para el hallazgo de los archivos de la policía del gobierno de Stroessner. Ya descansa en la paz de los que cumplieron una gran misión en la vida", dijo el juez José Agustín Fernández, director del Archivo de la Memoria. "Fue un héroe civil", agregó.

Almada, que también estuvo preso entre 1975 y 1978, acusó a policías del régimen de la muerte de su esposa por torturas psicológicas. Denunció que le hacían escuchar los tormentos a los que lo sometían a él.

Los archivos encontrados por Almada sirvieron también para mostrar la colaboración que mantenía la policía política paraguaya con sus pares de Argentina, Brasil, Uruguay, Chile y Bolivia en los años 1970 y 1980 para intercambiar prisioneros políticos, un plan conocido bajo el código de "Operación Cóndor".

Tras su liberación luego de una prolongada huelga de hambre, Almada se asiló en Panamá, en 1978, donde se desempeñó como investigador, y más tarde se radicó en Francia, donde asumió como funcionario de la Unesco en París.

Regresó a Paraguay en 1989 después del golpe que derrocó a Stroessner y que restauró la democracia en el país.

"Tenemos que seguir trabajando, aunque abrir los archivos y difundirlos sea muy peligroso", expresó Almada al recibir en 2023 un reconocimiento de la Cámara de Senadores "por sus invaluables aportes para la recuperación, protección y puesta en valor de los Archivos del Terror".

Según datos de la Comisión de Verdad y Justicia, unas 20.000 personas fueron víctimas directas de violaciones de derechos humanos durante la dictadura. Hubo 19.862 detenidos en forma arbitraria o ilegal; 18.772 ciudadanos torturados y 59 ejecutados extrajudicialmente. Además, 336 están desaparecidos.