Grau dijo que a partir del análisis del material incautado en el recordado operativo de Cerro Guaraní en abril de 2018, concluyen que los líderes del EPP “habían decidido meter a sus hijos a los campamentos”.

“Si es temporal o permanente desconocemos, pero a ciencia cierta sabíamos que el hijo mayor de Magna Meza y Osvaldo Villalba estaba en el campamento. Tenemos las fotos con sus abuela en la Argentina…a partir de ahí surge una preocupación mucho mayor que lleva al anterior ministro del Interior y hoy jefe del Gabinete Civil (Juan Ernesto Villamayor) a hacer unas coordinaciones con sus pares argentinos y abrir una causa judicial sobre este caso en la República Argentina” explicó el militar.

Lo curioso es que está “preocupación” no se vió reflejada en la orden de allanamiento solicitada a instancias de la FTC por los fiscales Maria Irene Alvarez, Joel Cazal, Federico Delfino y Alberto Torres y que lleva la firma del juez Gustavo Amarilla Arnica.

El documento dice que en el lugar podrían encontrarse personas con orden de captura internacional, miembros del EPP o del Ejercito del Mariscal López y ofrece un detalle minucioso de los elementos a ser incautados, pero que en ningún momento menciona o advierte sobre la posible presencia de menores entre los guerrilleros.

Esto pudo obedecer a dos razones: o bien a los fiscales y al juez no les pareció importante mencionarlo en el escrito o la FTC ocultó deliberadamente esta información a la justicia.

Lo curioso es que el jefe del Gabinete Civil también tenía conocimiento de esta situación como bien lo explicó el propio Grau cuando dijo que fue el propio Villamayor, siendo ministro, el que informó a sus pares de la Argentina respecto a la presencia de menores en el campamento.

Y si sabían el Jefe de Gabinete y el ejército ¿no lo sabía también el presidente y comandante en jefe?

A estos cuestionamientos 100% objetivos se suman otros de carácter subjetivo como el hecho de que el procedimiento no se grabara (Grau explicó que no cuenta con la tecnología para hacerlo y que en caso de contar con los equipo necesarios las dificultades que presenta el terreno hubiesen impedido le registro); que de las 20 o 25 personas que estaban en le campamento hayan sido “justo” dos niñas las abatidas; que una de estas niñas estuviese a cargo del puesto más avanzado de vigilancia y no dudara ni un segundo en abrir fuego contra la patrulla; que la otra niña fuese abatida mientras todo el grupo cruzaba un claro; que la fuerza se preocupara más por asegurar el campamento que por perseguir a los irregulares que (según su propia versión) cargaban con heridos y un hombre como Lucio Silva con problemas para desplazare; que los cuerpos de las fallecidas fuesen inhumado casi de inmediato y que el forense confundiera cuerpos de niñas 11 y 12 años con el de jovencitas de 15 y 18.

A esto hay que agregar la información aportada por los familiares de las víctimas, que aseguran que las nenas estaban escolarizadas y que era la primera vez que iban al monte más los antecedentes de las FTC.

Por último, el forense Christian Ferreira sostuvo que la posición en que encontraron los cuerpos (“de boca para abajo”) les hace pensar que “estaban en proceso de huida”; es decir: las mataron por la espalda.

Las explicaciones del gobierno están lejos de convencer a la opinión púbica y los juegos verbales del jefe de Gabinete no lo eximen de responsabilidad.

Este viernes planteó (por ejemplo) que aquellos que tienen dudas sobre el procedimiento “cuestionan la legitimidad de la lucha contra este grupo terrorista”.

No; lo que se cuestiona no es la legitimidad sino la ilegalidad desde la que muchas veces actúan las fuerzas de seguridad.