Durante la investigación, se recopilaron informes psicológicos que, según la Fiscalía, confirmaron la existencia de la conducta sexual, aunque la definieron como "no dirigida a la víctima". A pesar de la solicitud inicial de desestimación por parte de la fiscala Jiménez, el juez de Garantías Juan Antonio Ruiz Díaz Gamba ha insistido en la necesidad de continuar con la investigación, argumentando la existencia de elementos que requieren ser esclarecidos.

Se han implementado medidas de protección para la menor, incluyendo la prohibición de divulgar su identidad y la garantía de su intimidad, priorizando el interés superior del niño. La denuncia original fue presentada en Asunción, pero posteriormente fue remitida a Villarrica, al determinarse que los hechos habrían ocurrido en Guairá.

Tras la designación de Gladys Jiménez como fiscala del caso, esta solicitó la desestimación argumentando falta de pruebas suficientes. Sin embargo, el juez Ruiz Díaz Gamba rechazó esta solicitud, insistiendo en la necesidad de una investigación más profunda. La fiscala ratificó su solicitud de cierre, la cual fue nuevamente denegada, lo que llevó a la remisión del caso a la Fiscalía General del Estado para su análisis y prosecución. Finalmente, el Ministerio Público ha confirmado la reanudación de la investigación, manteniendo a Jiménez al frente del caso.

Repercusión social y política

Este caso ha generado una importante controversia y debate público desde el inicio. La destitución inmediata de Mora del Viceministerio de Educación Superior por parte de Pedro Alliana, en ese momento presidente en ejercicio, politizó aún más la situación.

Adicionalmente, allegados a la víctima, incluyendo madres de sus amigos, han expresado su solidaridad a través de una carta abierta, haciendo un llamado a la empatía y al respeto por la dignidad de la menor.

Diversos grupos de mujeres también se han manifestado frente a la Fiscalía General del Estado, exigiendo justicia en este y otros casos de abuso sexual infantil, enfatizando que la justicia no debe depender del estatus social o político del agresor y resaltando la necesidad de mayor protección estatal hacia la infancia.