Entendemos que, existen buenas intenciones, teniendo en cuenta, que los ciudadanos puedan tener acceso a los datos de un profesional que pretenda contratar para sus asuntos judiciales o consultas, sin embargo, esos datos, no deberían comprender informaciones sensibles, ya que, de ser así, lo podría exponer sin ninguna necesidad, al alcance de personas mal intencionadas.

Debemos tener en cuenta, por ejemplo, que la matrícula de abogados, no se compone solamente de personas dedicadas a la profesión y que viven dignamente el día a día de su trabajo, sino, también existen abogados que ocupan cargos importantes dentro de la estructuras del estado o grandes empresarios, dentro y fuera del territorio nacional, cuyos datos serían apetecibles al crimen organizado y cualquier siniestro personaje, que pretenda causar algún daño físico o cometer fraude, suplantando la identidad del mismo, bastaría ingresar en la web de la institución o caso contrario, obtener el código QR de la matrícula profesional, que en la actualidad, se pretende implementar, para acceder a los datos personales sensibles del matriculado, duplicar dichos datos y fotografía e inmediatamente, adoptar o suplantar su identidad, para cometer algún delito o crimen, que está muy de moda por internet, en cualquier parte del mundo, sin que el verdadero titular tenga conocimiento.

Los datos personales privados de cualquier ciudadano paraguayo, deberían ser resguardados por las instituciones del estado y máxime aún, por la Corte Suprema de Justicia, que es la máxima institución del Poder Judicial, en donde se deben garantizar la privacidad de cada compatriota. Dichas informaciones, en relación a los datos completos del matriculado y su familia, deberían ser de interés, únicamente del estado y no exponer al alcance de cualquier persona.

Lo único que, que ciudadano debería tener acceso es, si la persona ejerce o no tal profesión y en caso afirmativo, si está o no habilitado para llevar su caso y nada más, no le incumbe saber su domicilio particular, el nombre de sus familiares, etc.

El legajo profesional, es un documento privado, amparado por el artículo 33 de la Constitución Nacional, en donde se establece: "Del derecho a la intimidad. La intimidad personal y familiar, así como el respeto a la vida privada, son inviolables. La conducta de las personas, en tanto no afecte al orden público establecido en la ley o a los derechos de terceros, estará exenta de la autoridad pública. Se garantiza el derecho a la protección de la intimidad, de la dignidad y de la imagen privada de las personas”.

En ésta última parte, no existen dudas, de que el estado debe poner el máximo empeño, para garantizar el derecho a la protección de la intimidad del ciudadano y los datos sensibles, guardan relación a la intimidad personal.

Podríamos también pensar, en aquella máxima, que dice “el que no debe, no teme”, empero, cuando inicie la publicidad, dichos documentos irán a parar en varios bancos de datos, ya sea de la Web o la Deep web, este último, corresponde al internet invisible, que domina el 96 por ciento de la información mundial y una vez llegado a ese lugar, los más de 60.000 matriculados, estaríamos en inminente peligro de sufrir algún atentado de identidad, extorsión, sextorsión, estafa y cualquier otro tipo de engaños o fraudes con nuestra identidad, cuya responsabilidad, será personal del verdadero titular de la matrícula, que en la mayoría de los casos, no tendrá conocimiento, pudiendo ser juzgados en otros países, inclusive extraditados, sin mayores inconvenientes.

Y bueno Señores, considero que estamos ante una situación gravísima y es menester, que los colegas inicien un minucioso y más profundo análisis y pidamos a los responsables, que reconsideren y suspendan, tan nocivo proyecto y seamos parte de su re-estudio, antes de que sea muy tarde. Es mi opinión.

evelio_salinas@hotmail.com