Asimismo, exigió que se retire de la Carpeta Fiscal una de las escopetas que figuran como disparadas durante la masacre y que en realidad fue encontrada por un párroco local en el patio de su iglesia el 25 de junio y tiene una denuncia de robo fechada el día 22, es decir, siete días después de la fatídica jornada.

También se presentó una denuncia contra Federico Franco por “Vulneración de Derechos Procesales”.

Intromisión de FF

El hecho que Federico Franco haya tildado de “antología del disparate” el informe elaborado por la defensa de los imputados por la masacre, y sentenciado públicamente a Rubén Villalba (“Uno de los asesinosestá detenido…” había dicho) representa una gravísima intromisión de la más alta autoridad del Poder Ejecutivo en una causa que está “sub iudice” en el Poder Judicial.

La denuncia dice que “La misma, merece ser investigada por la Fiscalía, al tratarse de una evidente violación de la separación de poderes y de las garantías procesales de los encausados”

En caso de no investigarse los hechos denunciados, debido a la posibilidad que el derecho internacional ofrece para la investigación de estos hechos en jurisdicciones internacionales, se proceder a poner en conocimiento de esas instancias jurisdiccionales estos hechos, que podrían conllevar responsabilidad internacional del Estado paraguayo. Solicitando incluso la suspensión de este proceso judicial en caso necesario, al tratarse de una clara voluntad de intromisión del Ejecutivo en el proceso.

Continúan las irregularidades

Otro hecho llamativo es qué causalmente hoy, lunes por la mañana, el fiscal de la causa Jalil Rachid se encontraba ausente de su lugar de trabajo. Los abogados defensores y el presidente de la Plataforma Domingo Laíno solicitaron acceder a la Carpeta Fiscal para revisar las actuaciones que se hubiesen podido producir en los últimos días, pero el funcionario del Ministerio Público (previa comunicación telefónica con Rachid) informó a la defensa que esto sería imposible ya que la carpeta había viajado con el fiscal a Asunción.

De más está decir que este documento debe permanecer bajo custodia en la sede judicial ya que no es propiedad de quién instruye la causa como al parecer piensa el fiscal sino de la institución para la que trabaja y las partes intervinientes.

Ante la sorpresa, la defensa se dirigió al juzgado para poner en conocimiento del juez de garantías la irregularidad cometida por el fiscal. Sin embargo, tampoco el juez José Benítez se hallaba en su oficina. Los funcionarios de la repartición recibieron la denuncia adjuntándola de inmediato al expediente judicial.

Detenidos continúan huelga de hambre

Ocho de los diez detenidos en la cárcel de Coronel Oviedo mantienen por decimocuarto día consecutivo una huelga de hambre exigiendo su libertad inmediata al no haber aportado el fiscal ninguna prueba que los vincule con la muerte de los seis policías caídos en la Masacre.

Entre ellos, se encuentra Nery Urbina, quién ha presentado innumerables pruebas audiovisuales, fotográficas y testimoniales de que no se encontraba en el predio ocupado y que han sido sistemáticamente rechazadas por el fiscal que se basa en el testimonio de dos de los policías que denegaron el auxilio a otro de los detenidos y huelguistas Arnaldo Quintana quién presentaba una herida de bala en el abdomen con orificio de entrada y salida.

Según fuentes consultadas por NOVA, las autoridades carcelarias fueron hasta Curuguaty a expresarle su preocupación al fiscal Rachid por la medida adoptada por los imputados. Este, apenas si prestó atención al reclamo y señaló qué nada puede hacer por esas personas que él mismo” puso ahí”.

Para la defensa, el fiscal confunde su rol de instructor con el de abogado querellante, violando una vez más las garantías procesales de los imputados.