Nelson Aguinagalde manifestó que si el presidente Fernando Lugo no detiene los trabajos de amojonamiento en Iruña “se iniciará una guerra civil” que traerá aparejado “un baño de sangre” en el Paraguay.
El amojonamiento y mensura en la zona fue dispuesto por el Poder Ejecutivo y está a cargo el Instituto Geográfico Militar (IGM) y la Comisión Interinstitucional Zona de Seguridad Fronteriza (CIZOSEF), quienes cuentan con plenas atribuciones legales para efectuar el trabajo, sin embargo, colonos, abogados y voceros de quienes ostentan los títulos de propiedad de las tierras en conflicto, han hecho lo posible por deslegitimar el trabajo que, de ratificar lo que dicen estos títulos, significaría el fin de los cuestionamientos.
Los “carperos” se niegan a aceptar la intervención de Aguinagalde, ya que señalan que el gobernador defiende los intereses de los productores.
Si bien es cierto que “los carperos” aparecen siempre munidos de machetes y palos afilados, han sido los productores y el gobernador de Alto Paraná, los que han hablado de violencia y “baño de sangre”.
También es más que sugestivo que quienes aseguran ser legítimos propietarios de la tierra se nieguen a colaborar con un procedimiento que podría poner fin al conflicto en la zona.
