“Esto debe ser una cruzada nacional donde todos los organismos del Estado y la misma sociedad se involucre” había dicho en un arranque de patriotismo el cuestionado fiscal.

Hoy, Díaz Verón debía acudir al Congreso para hacerse con el material, sin embargo decidió viajar. ¿Adónde? Nadie lo sabe. En su lugar quedó el adjunto Federico Espinoza, quién pese a tener línea directa con Blas Llano no pudo concertar un encuentro con la Comisión que le permitiera recibir tan preciados datos.

El presi del Congreso tampoco hizo mucho esfuerzo. Solucionó todo tirándole el fardo a Espinoza.

Parece joda que ni él, ni el resto de los integrantes de la Comisión (entre los que se encuentran el exfiscal Arnaldo Giuzzio y el abogado Enrique Bacchetta) supieran que para que las pruebas tengan validez a la hora de un juicio deben ser presentadas en la sede del Ministerio Público.

Mientras muchos (no sin razón) aseguran que este asunto de la narcopolítica es una cortina de humo que el propio ejecutivo (en complicidad con sus aliados en el Senado y la justicia) utiliza para no hablar del fracaso de sus políticas públicas (entre las que se destacan seguridad y educación) los narcos siguen controlando los tres poderes del Estado, comprando voluntades, en fin; MANDANDO.