El proceso está en manos del Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos, presidido por la jueza Adriana Planás Bajac e integrado por los magistrados Ubaldo Matías Garcete y Yolanda Morel de Ramírez.

De acuerdo con la acusación, Giuzzio mantuvo contactos frecuentes con Espíndola, señalado como administrador de las empresas de blindaje Black Eagle S.A. y Ombú S.A.

Según el Ministerio Público, el entonces ministro aceptó servicios de blindaje para móviles de la Policía Nacional en carácter de “cortesía”, un punto central de la imputación.

La causa apunta a que esos supuestos beneficios provinieron de una persona vinculada al narcotráfico, en un contexto en el que Giuzzio ocupaba una de las carteras más sensibles del Ejecutivo.

La Fiscalía considera que esos hechos encuadran en el tipo penal de cohecho pasivo grave.

Giuzzio se presentó a la audiencia acompañado de su abogada Gilvi Quiñónez y calificó la acusación como “una falacia” impulsada “por causas absolutamente políticas”.

Sostuvo que el “cartismo” está detrás del proceso y afirmó que la facción de la Asociación Nacional Republicana, liderada por el expresidente Horacio Cartes, utiliza al Ministerio Público como un “garrote jurídico” para “anular” a personas con “proyecciones políticas”.

Mencionó como ejemplo la reciente imputación a Arnoldo Wiens por supuesta lesión de confianza en el caso del metrobús. Giuzzio advirtió que, de ser necesario, llevará su caso a instancias internacionales.