Desirée Masi y Pedro Santacruz estaban de acuerdo. Solo necesitaban sumar a los luguistas para concretar la postergación.

Pero los luguistas tenían otros planes: querían que el proyecto se tratara y se aprobara para capitalizarlo electoralmente.

Inútil fueron los intentos por hacerles cambiar de opinión. El Frente Guasu se mantuvo firme; había que tratar, aprobar y aprovechar el resultado electoralmente. La determinación era tal que hasta incluso hicieron lobby por el tratamiento cuando vieron que existía la posibilidad que aquellos que trabajaban por la postergación, consiguieran su objetivo.

La negativa del luguismo terminó por desanimar a los senadores que no podían creer como el sector que dice defender la lucha campesina entregaba en bandeja la ley a cartistas, brasiguayos y ganaderos. Eso si, no sin antes compartir vibrantes alegatos contra la “criminalización” de los que luchan por “democratizar” la tenencia de la tierra.

El plan le salió a los luguistas como siempre: mal. La ley se aprobó y su caudal electoral se redujo en un 50%.

Dos meses después, el bloque que fue clave para que el proyecto de cirminalización fuese ley, ofreció una conferencia de prensa.

“Asistimos, conmovidos, así como la opinión pública, medios de comunicación, periodistas, iglesia católica, religiosos del Paraguay, movimientos sociales y de DDHH, a los violentos desalojos, llevados a cabo por la fuerza pública a humildes familias de pueblos originarios y campesinos”

Acompañaremos todas las iniciativas de las organizaciones campesinas, indígenas, en una campaña que apunte a la derogación de la ley de marras” afirmaron Jorge Querey, Hugo Richer, Sixto Pereira, Kencho Rodríguez y Esperanza Martínez, quienes cambiaron desalojos por votos que nunca llegaron.