El veto a la ley era imposible, porque confrontaría al presidente con todo el sector que lo sostiene, no solo el pilar político, sino al grupo que negocia con el Estado, muchos miembros de su mismo gabinete. De hecho, el proyecto original fue impulsado por Mario Abdo y promulgado durante su gobierno, durante el cual se pasó denunciando que Cartes usó información privilegiada del Estado para acrecentar su fortuna con la creación de nuevas empresas como una cementera y una red de estaciones de servicio.

El abogado Manuel Riera indicó que cualquiera de las dos decisiones tendrá un costo político para Peña. Del mismo modo, la promulgación lo aleja del contralor Camilo Benítez, quien está disconforme con las modificaciones. Debido a los cambios, la Contraloría otorgó una nueva prórroga hasta el 30 de abril para presentar las declaraciones juradas de intereses.