La decisión de cobrar una tarifa menor es claramente ilegal, ya que el Anexo C del Tratado señala que el ingreso anual derivado de la prestación de servicios debe ser igual al costo del servicio. Las autoridades deben contar con una idea clara acerca de cómo negociar un arreglo que beneficie al país teniendo en cuenta que Brasil violó el Tratado.

Para que la ciudadanía tenga una idea de lo que significa el monto de la deuda ilegal, si se considera la ejecución presupuestaria de la inversión en salud o educación de los últimos años, equivaldría a 6 años de inversión en salud o cuatro años de la inversión en educación.

El acuerdo realizado para beneficiar a Brasil perjudicó enormemente al país, restando recursos que el país necesitaba para su desarrollo.

Es una vergüenza que los gobernantes hayan aceptado un acuerdo tan asimétrico para los intereses nacionales, por lo que corresponde realizar un resarcimiento, sobre todo en vistas de la situación fiscal y social del país.

La deuda pública aumenta sin parar sin que la ciudadanía vea los beneficios al mismo ritmo del aumento de la deuda. Sin embargo, ya se están sintiendo las desventajas del aumento irresponsable. En plena pandemia, el presupuesto en salud y educación sufrió recortes.

Por otro lado, la pésima calidad de los servicios públicos y, particularmente, de energía eléctrica afecta a la calidad de vida y a cualquier pretensión de aumentar la producción, la productividad y la competitividad.

La falta de inversión en el sector eléctrico se manifiesta en los cortes de energía ante la más mínima eventualidad climatológica o la irregularidad de la tensión. Las pérdidas que sufren las empresas son incalculables.

El informe de la CGR cuantifica de manera contundente la pérdida que sufrió el país debido a una decisión arbitraria, fuera del marco normativo y parcialista al estar supeditada a beneficiar de manera casi exclusiva al Brasil.

El resarcimiento del daño causado a Paraguay debe estar en la agenda política y contar con una estrategia transparente y con mecanismos de rendición de cuentas a la ciudadanía. Esta situación no puede quedar impune. Las autoridades paraguayas deben, en primera instancia, negociar un acuerdo amistoso, pero no por ello poco conveniente para nuestro país, y si ello no es posible, apelar a otros mecanismos e instancias que ayuden a revertir las pérdidas ocasionadas a nuestro país.