El “Equipo Ejecutivo” de la Pastoral estableció una cadena de responsabilidades que empiezan “por el peldaño más alto”; la presidencia.

“…tenemos la caricaturesca figura de un Presidente de la República, Comandante de las Fuerzas Armadas, posando fanfarronamente, con pistola a la cintura, entre los oficiales, para acompañar y aplaudir una gran victoria de la FTC con la destrucción de un campamento enemigo y la muerte de dos peligrosas guerrilleras, desembocando después en el asesinato de dos niñas” dicen en el manifiesto.

La organización censura también la actuación de fiscales, militares, policías y forenses.

Señalan también “la responsabilidad de los padres y parientes, o más bien, irresponsabilidad, por tener a tiernas niñas en un territorio de beligerancia que implica un permanente alto riesgo para la gente grande y más aun a criaturas”.

Por último se plantean si no es momento de darle al EPP estatus beligerante y piden la intervención de organismos como la Cruz Roja que puedan intermediar entre los secuestradores y los familiares de sus víctimas.

“Sentimos en carne propia los sufrimientos y nos solidarizamos con las familias de Edelio Morínigo, Félix Urbieta y Oscar Denis, pero con los criminales y terroristas es imposible negociar y pedirles clemencia. Nos preguntamos; ¿No es ya hora de darle a esta gente el status de “guerrilleros” para permitir la colaboración internacional, que, creemos, es el deseo unánime de las tres familias afectadas actualmente por el secuestro de sus miembros?”

El manifiesto completo

Desprolijidades

En el Departamento Diocesano de la Pastoral Social de Concepción, con motivo de la inmovilidad poblacional, durante la pandemia, hemos creado un “equipo ejecutivo” o “equipo motor” para atender los casos más urgentes. Este equipo está integrado por: Catalino González, Marciano Jara, José Arias, Brígida Benítez, Padre Pablo Cáceres y Benjamín Valiente.

En la última reunión realizada en San Blas, en fecha 18/08/21, con la participación a distancia del Padre Pablito, por su estado de salud, reflexionamos sobre la situación de violencia sine die que sufre el norte paraguayo, coincidiendo con el próximo primer aniversario (02 de setiembre) del asesinato de las niñas Lilian Mariana Villalba y María Carmen Villalba en manos de la Fuerza de Tarea Conjunta, en la serranía del Amambay.

Entendemos que se ha cometido numerosas desprolijidades, por utilizar un eufemismo no lapidario, en el caso de la muerte de las criaturas. En primer lugar señalamos la responsabilidad de los padres y parientes, o más bien, irresponsabilidad, por tener a tiernas niñas en un territorio de beligerancia que implica un permanente alto riesgo para la gente grande y más aun a criaturas. Por el otro lado, la actuación del Gobierno y de las fuerzas militares y policiales así como la de fiscales y forenses estuvo marcada de increíbles desaciertos que jamás pueden caber en instituciones oficiales. Empezando por el peldaño más alto, tenemos la caricaturesca figura de un Presidente de la República, Comandante de las Fuerzas Armadas, posando fanfarronamente, con pistola a la cintura, entre los oficiales, para acompañar y aplaudir una gran victoria de la FTC con la destrucción de un campamento enemigo y la muerte de dos peligrosas guerrilleras, desembocando después en el asesinato de dos niñas. Vienen luego los efectivos militares y policiales que plantan uniformes de guerreras y armas a las pequeñas ultimadas. En el tercer pendiente de la grada se encuentra el médico forense, quien adjudica unos diez años más de lo que realmente tenían a las víctimas. En el cuarto escalón aparecen los fiscales, quienes, sin demora, ordenan el entierro de los cadáveres, como una vulgar quema de archivo, queriendo ocultar, posiblemente, cualquier investigación posterior.

En la Pastoral Social Diocesana de Concepción tenemos catalogadas las numerosas “equivocaciones” o “falsos positivos” de la FTC, cuyas víctimas siempre fueron dirigentes campesinos o ciudadanos inocentes. Seguimos sosteniendo que este estado de violencia creado y sostenido es a solo efecto de desalentar el sistema de trabajo de la Agricultura Familiar y dar cancha libre al Agro negocio. Por supuesto que condenamos con vehemencia la actuación de la gente violenta encarpada en el EPP y otros grupos, con un tendal de asesinatos y secuestros. Sentimos en carne propia los sufrimientos y nos solidarizamos con las familias de Edelio Morínigo, Félix Urbieta y Oscar Denis, pero con los criminales y terroristas es imposible negociar y pedirles clemencia. Nos preguntamos; ¿No es ya hora de darle a esta gente el status de “guerrilleros” para permitir la colaboración internacional, que, creemos, es el deseo unánime de las tres familias afectadas actualmente por el secuestro de sus miembros?.